Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.
Sin acuerdos formales que permitan la entrega de los delincuentes, puede ser más difícil para los países trabajar juntos en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos transnacionales.
En algunas ocasiones en esta etapa los reclamados consienten en su extradición y se agiliza su entrega.
Aunado al rigor académico con que se abordan los temas de estudio y se emplean herramientas metodológicas como el derecho comparado y el examen de fuentes biblio&#a hundred and fifty;hemerográficas y documentales, el texto tiene la virtud de utilizar un lenguaje especializado pero comprensible para el lector no familiarizado con la terminología jurídica.
El procedimiento de extradición en México comienza con la solicitud formal de un país para que se entregue a una persona acusada de un delito.
Coincidimos con la autora, en que la vía más idónea que tienen los Estados para lograr el efectivo ejercicio de su facultad y deber de castigar a los responsables de haber delinquido en su territorio, pero que han logrado evadir a la justicia local, es mediante la intervención de la figura de la extradición como forma solidaria y cooperativa de la lucha internacional por evitar la impunidad del crimen.
Si la resolución definitiva es CONCEDIDA, la extradición es notificada por las autoridades del Estado requerido a las autoridades de México, por lo que se inicia la coordinación para el traslado del extraditable a territorio nacional.
Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido have a peek at this web-site por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.
Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.
Además, aborda las figuras jurídicas del orden público y el fraude a la ley, ampliamente estudiadas por el DIPr, a fin de establecer, para el caso de la primera, los límites que tiene un Estado para obsequiar o denegar una solicitud de extradición, y para el caso de la segunda, la forma artificiosa en que los Estados o el propio reclamado pueden modificar los weblink puntos de contacto o conexión aplicables al procedimiento de extradición, con el fin de obtener beneficios particulares que se traduzcan en el obsequio o rechazo de la petición de extradición.
Para combatir la falta de tratados de extradición, los países pueden establecer acuerdos informales o prácticas de extradición que permitan la entrega de personas buscadas por la justicia.
Para que una solicitud de extradición sea aceptada en México, se deben cumplir con los siguientes requisitos:
A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales Source prácticas son la entrega casual y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.
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